Alfonso Llorente. Abogado. Socio de López Rodó & Cruz Ferrer Abogados
Son dos actores de primer orden que a veces cuesta que se compenetren. La adopción de medidas urbanísticas en los sitios donde se constatan consecuencias no deseadas de las viviendas y alojamientos turísticos ha chocado con las competencias turísticas. Está por ver si será algo definitivo, pero los tribunales están comenzando a dar la razón (véase el caso de Barcelona y su Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos —Peuat—) a los razonamientos urbanísticos como medio (drástico, según algunos) de potenciar y ensalzar un uso turístico responsable, que suena bien pero no se traduce tan fácilmente. Nos interesa mucho que esta guerra entre turismo y urbanismo termine bien.
Las medidas de mayor impacto mediático afectan a los alquileres turísticos, en forma de imposición de requisitos, obligaciones y limitaciones de variado tipo.
El urbanismo está intentando reconducir al turismo. En los últimos años asistimos a la reacción del urbanismo —y de sus brazos ejecutores públicos— a las consecuencias menos positivas de las acumulaciones puntuales de turistas; las medidas de mayor impacto mediático afectan a los alquileres turísticos, en forma de imposición de requisitos, obligaciones y limitaciones de variado tipo. Es cierto que puede no servir cualquier reacción normativa y que empresas y ciudadanos pueden revolverse contra medidas exageradas, improcedentes o erróneas.
En las siguientes líneas identificamos uno de los argumentos principales que sostienen esta reacción: los poderes públicos posibilitarán el uso residencial en viviendas constitutivas de domicilio habitual en un contexto urbano seguro, salubre, accesible universalmente, de calidad adecuada e integrado socialmente; valorarán la perspectiva turística, y permitirán y mejorarán el uso turístico responsable. Estas ideas figuran en una norma vigente y lo relevante es que no es una ley turística, sino la vigente ley estatal de suelo.
